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..::Ineficiente lucha contra el hambre::..

Posted on: 21 septiembre 2009

noticias1La crisis alimentaria que afronta el país pudo haberse evitado, si las instancias gubernamentales creadas para el control de la seguridad en ese aspecto hubieran cumplido con su trabajo, coincidieron políticos consultados.

Pese a las advertencias de entidades como el Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana (MFEWS) y del procurador de los Derechos Humanos, no se tomaron las acciones a tiempo para evitar aquel problema.

En reuniones sostenidas en febrero y marzo últimos, funcionarios que integran el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) se enteraron de los escenarios que se anticipaban en el país durante los meses siguientes.

Falta de lluvia y escasez de alimentos era el panorama que desde principios de año anticipaban aquellas instituciones.

Pese a que los informes no eran alentadores, no fueron tomados con la seriedad del caso, aseguró Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.

Añadió que las medidas recomendadas por el MFEWS no se implementaron, y expuso como ejemplo la repartición de fertilizantes, que no se inició en abril de este año, cuando era la época propicia.

Eduardo Quej, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, dijo: “Conocimos el informe, y recomendamos inversión a largo plazo, para evitar las medidas de emergencia que vemos cada año”.

¿Error o ineficiencia?

El libro de actas administrativas de sesiones hace constar que la primera reunión extraordinaria del Conasan se efectuó el 18 de febrero de este año, en el Palacio Nacional de la Cultura.

En ese entonces, representantes del MFEWS informaron a los miembros de ese consejo que de abril a junio de este año se esperaban pobres rendimientos en las cosechas, lo cual afectaría la disponibilidad de alimentos y los precios, y que el número de guatemaltecos perjudicados por grados diversos de inseguridad alimentaria podría llegar a 1.9 millones a escala nacional.

Juan Aguilar, ex secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, argumentó que, con base en esos estudios, se preparó el Plan de Contingencia Alimentaria, pero la falta de fondos impidió su pronta ejecución.

En el acta 2-2009 consta que en la reunión ordinaria del 26 de marzo último se informó que el segundo trimestre del año podría estar marcado por la disminución de lluvia y el daño de los cultivos, el incremento en el precio de los fertilizantes y la entrega o inadecuada distribución del bono de subsidio, que estaba en manos de Pro Rural.

Sin embargo, en el acta se hace constar que el vicepresidente Rafael Espada pidió información sobre las medidas tomadas para contrarrestar los efectos de los problemas previstos.

Se menciona la disponibilidad de estaciones de almacenamiento de alimentos, con capacidad de 1.1 millones de quintales al año, y una donación de insumos del Gobierno de Italia, para casos de emergencia, valorada en ¤2 millones. No obstante, las autoridades correspondientes tomaron pocas medidas.
Instancias sin acción

En esa misma sesión, Eugenia Morales de Sierra, subprocuradora de los Derechos Humanos, presentó un informe en el que anticipó las debilidades del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (Sinasan), y advirtió: “Está desarticulado”.

Agregó que se hicieron entrevistas en diversas comunidades y se concluyó que hubo poca comunicación entre la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y las entidades del Sinasan.

“Esto incide en la inasistencia de autoridades del rango de ministros, viceministros y secretarios a las reuniones del Conasan”, afirmó Morales, lo cual fue comprobado al ver las firmas en las actas.

Desde la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se creó una serie de instancias que serían las responsables de vigilar el estado de la seguridad alimentaria del país.

Esa normativa dio lugar a la instalación del Conasan, presidido por Espada e integrado por el Viceministerio de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, y las carteras de Educación, Salud, Economía, Trabajo, Comunicaciones, Ambiente y Finanzas.

También integran ese consejo la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, la de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, la presidencia de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, dos representantes del sector empresarial y cinco de la Sociedad Civil.

El decreto en mención obliga al Estado a invertir recursos y esfuerzos en la implementación de la Política de Estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Pese a toda esa estructura burocrática, los resultados no se observan, y año con año se impulsan medidas de emergencia para paliar las crisis por falta de alimentos.

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